Pacientes de ida y vuelta ¿Criar el pollito y que lo coma otro?

La población inmigrante utiliza con menos frecuencia que la española los servicios sanitarios · La lengua, la burocracia e, incluso, un buen estado de salud, limitan a los extranjeros. Bruselas quiere facilitar la atención médica trasnacional en toda la Unión

C. Malagón / Alfonso Pedrosa

La población inmigrante que reside en España visita menos la consulta de un médico especialista o los servicios preventivos que la población autóctona. Aunque existen algunas excepciones a este patrón general, como la excesiva utilización de los servicios de urgencias por los inmigrantes procedentes de América Central y del Sur, además de particularidades como la elevada frecuencia de consultas al médico general y de hospitalizaciones por parte de ciudadanos africanos en Madrid o la excesiva utilización por parte de extranjeros procedentes de países ricos en la Comunidad Valenciana. Son los datos de un estudio realizado por la Fundación de Ciencias de la Salud tras analizar cuatro encuestas de salud realizadas en las comunidades de Madrid, Cataluña, Valencia y las Canarias. "Los resultados son extrapolables al resto de las autonomías", según señala el coordinador de esta investigación, Enrique Regidor, profesor del Departamento de Medicina Preventiva, Salud Pública e Historia de la Ciencia de la Universidad Complutense de Madrid. Y, bajo el término de población inmigrante se ha incluido a toda aquella persona que reside en un país distinto al de su nacimiento (en este caso, España), con total independencia de su situación administrativa. Las diferencias de utilización de los servicios sanitarios entre la población autóctona y la inmigrante ha sido foco de atención en las últimas décadas. En España, al ser la inmigración un fenómeno relativamente reciente, apenas existen investigaciones sobre el patrón de utilización de los servicios médicos por la población extranjera; la mayor parte de esta información procede de estudios locales realizados tanto en consultas hospitalarias como en centros de salud.Pero sí se suele escuchar que "la frecuentación de estos servicios por parte de los inmigrantes es superior a la propia de la población nativa, y que por tanto no sólo usan sino que también abusan", según apunta el presidente de la Fundación de Ciencias de la Salud, Diego García. Con el objetivo de desmontar esta suposición y luchar contra los prejuicios, se llevó a cabo este estudio. "En líneas generales, la población inmigrante utiliza los servicios sanitarios con menor frecuencia que los españoles, al igual que ocurre en otros países", apunta el profesor Regidor. Las diferencias se acortan en lo que se refiere a la hospitalización o la hora de frecuentar la consulta del médico de cabecera.Esta situación se asemeja con los resultados obtenidos en estudios realizados en Estados Unidos, mientras que en otros que se han llevado a cabo en el norte de Europa se ha comprobado que los inmigrantes utilizan los servicios de salud de forma ligeramente superior a la población autóctona de estos países. Esta investigación de la Fundación de Ciencias de la Salud podría permitir conocer si el principio de equidad en el acceso es una realidad para un grupo de población cada vez más numeroso en nuestro país. En principio, el marco legal español debería proporcionar al colectivo foráneo la igualdad y la accesibilidad efectiva del sistema sanitario nacional. Según la Fundación de Ciencias de la Salud, "muy posiblemente, la legislación sanitaria española es la que ofrezca más garantías en lo relativo a los derechos de los inmigrantes a la atención sanitaria pública". El artículo 12 de la Ley Orgánica 4/2000 hace referencia a los extranjeros sin autorización para residir en España o que, teniéndola, no están incluidos en el sistema de la Seguridad Social y prestaciones del Sistema Nacional de Salud. De esta forma se reconoce el derecho a la asistencia de extranjeros empadronados que carezcan de recursos suficientes, a los menores de edad, a las mujeres embarazadas y a la atención de urgencia en supuestos de enfermedades graves o accidentes. Sin embargo, las dificultades están ahí y la igualdad respecto a la población autóctona española puede verse limitada.En ocasiones los límites los marca el propio inmigrante que, considerando su situación de irregular administrativo, prefiere obviar los trámites de identificación y ubicación física que exige la legislación para así eludir un eventual expediente de expulsión y repatriación. También pueden influir los aspectos culturales y las creencias religiosas, además de que muchos inmigrantes no han tenido anteriormente contacto alguno con un sistema de salud estructurado y desconocen los derechos y deberes elementales del usuario en nuestro sistema.Del otro lado, los límites al acceso se encuentran a veces dentro del propio entramado sanitario. Médicos Sin Fronteras ya señalaba en un informe del año 2005 que, en algunos lugares, las dificultades para cumplimentar los trámites administrativos exigidos sitúan fuera del sistema sanitario a cientos de extranjeros. La actitud de los trabajadores sanitarios y no sanitarios de las instituciones públicas es, en ocasiones, la que pone las trabas. Y a todo esto hay que sumar la limitación que implica la lengua para una gran parte de la población que no habla español o cualquiera de las lenguas oficiales en las comunidades autónomas, tanto para el acceso como para cada paso del proceso de atención. Otra razón podría ser el buen nivel de salud de esta población a su llegada a España como consecuencia del sesgo del inmigrante sano. En este sentido, dice Regidor que "es sabido que aquellos sujetos que emigran están más sanos que los que se quedan en sus lugares de origen, una ventaja que suele alargarse durante un largo periodo de tiempo". De hecho, la población inmigrante refiere mejor salud que la española cuando en las encuestas se les pregunta por la percepción subjetiva del estado de salud y por la limitación de actividad debido enfermedades en el último año. Más tarde, al abandonar su entorno natural, pueden aparecer factores que influyen en el estado de salud de los inmigrantes, especialmente si proceden de países de renta más baja. Están los propios de las sociedad ricas y que son igualmente nocivos para su supervivencia, como un consumo excesivo de alcohol, una dieta inadecuada o el sedentarismo, y surgen otros asociados a las circunstancias de precariedad que rodean a este colectivo, como el trabajo de riesgo, el hacinamiento, la prostitución o la falta de adaptación social. "Nosotros no criamos a un pollito para que en Navidad se lo coma otro", se dice que dijo hace algunos años el entonces presidente del Betis, Manuel Ruiz de Lopera, en referencia a la pujanza que iba cobrando cierto futbolista de su equipo. Eso mismo piensan muchos responsables de determinados servicios regionales de salud ante las repercusiones de la futura directiva sobre asistencia sanitaria, que consagrará el derecho de los europeos a ser atendidos en la Unión con el mismo respaldo de aseguramiento público vigente en el país de origen. Eso está bien para la gente, pero hace temblar a los estados, que deben hacer frente a esos gastos bajo la etiqueta, más o menos justificada, de turismo sanitario. A muchos gobiernos nacionales (entre ellos, el español), no les gusta la idea, por entender que penalizaría a aquellos países con mejor cobertura pública. Ni el Ministerio de Sanidad ni las comunidades autónomas candidatas a recibir más pacientes comunitarios (entre ellas, Andalucía), ven bien que la UE proclame una especie de barra libre para todos. Básicamente, porque para los ciudadanos que se muevan a otro país para recibir atención médica (pocos, a día de hoy) quizá la directiva sea útil; pero podría ser catastrófica para los servicios de salud receptores, ya que los esfuerzos de eficiencia de los sistemas sanitarios locales (regionales) podrían resultar inútiles, al no poder modular la demanda; la propia eficiencia sería penalizada, al dar origen a un efecto llamada devastador, dada la actual fragilidad presupuestaria. El pollito de Lopera, quiérese decir.La negativa irlandesa a ratificar el Tratado de la Unión el pasado mes de junio fue el enésimo aldabonazo en la conciencia europea para hacer notar el divorcio entre los ciudadanos y los políticos. Apoyada en el menudeo de casos planteados por pacientes concretos que se van ganando en los tribunales (el reembolso de unas gafas, una factura del pediatra, el ticket de una farmacia) la Comisión propuso semanas después del no irlandés una iniciativa pensada para explicar con hechos que lo que se decide en Bruselas, Luxemburgo o Estrasburgo (sedes de las instituciones comunitarias) tiene que ver con la existencia cotidiana de las personas: un proyecto de directiva para regular la asistencia sanitaria a uno y otro lado de las fronteras nacionales, fundada sobre el derecho de los ciudadanos a recibir atención médica en cualquier punto del territorio de la Unión en las mismas condiciones que en el barrio o en el pueblo donde viven.Sin embargo, la iniciativa de la Comisión no ha superado los primeros escarceos parlamentarios en Bruselas. Aunque eso no significa que esté muerta. Los padres de la patria europea, en su afán de dotar de legitimidad social a la arquitectura comunitaria, están dispuestos a firmar un pagaré por la carta a los Reyes Magos. El denominado proyecto de directiva relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza ha encontrado ahora un nuevo aval, vía toque de atención institucional. La Comisión ha decidido enviar un dictamen motivado a España, en razón del mantenimiento por el Ministerio de Sanidad de una autorización previa para acceder a la devolución de los gastos por atención médica efectuados por un ciudadano español en otro país comunitario. Obligar a pedir ese permiso previo, sería, según la Comisión, una restricción de los derechos de los pacientes. El proyecto de una regulación de la obligación de los estados miembros de la Unión a respaldar el gasto sanitario de sus ciudadanos en el territorio comunitario no ha sido, pues, liquidado. Sólo duerme, a la espera de que el goteo de sentencias judiciales sobre casos particulares obligue a legislar sobre lo que ya es una realidad.