Asturias tendrá en 2010 un centro de menores de régimen especial

Bienestar Social elabora un protocolo de intervención con niños inmigrantes en colaboración con Educación y Salud

Oviedo, Elena FDEZ.-PELLO

La directora del Instituto Asturiano de Atención a la Infancia, Gloria Fernández, coincide con el análisis de la situación de los menores extranjeros no acompañados en Asturias que hace la Procuradora General, y afirma que «el trabajo de la Consejería en estos dos meses va en esa misma línea». La estrategia de la Administración apunta en tres direcciones: recursos adecuados, incluido un centro de régimen especial para niños con problemas de conducta en 2010; formación de los educadores y un protocolo de actuación consensuado con las consejerías de Salud y Educación, y con la fiscalía y la Delegación del Gobierno. Este año, informó Fernández, se abrirá la residencia del Fundoma en marzo, y se habilitarán «recursos diversificados» para alojar a estos menores. Con esa expresión la directora de Infancia se refiere básicamente a pisos tutelados. En 2010, anunció, Asturias tendrá un centro de régimen especial para niños con problemas de conducta, tanto extranjeros como españoles. Para mejorar la formación de los educadores que trabajan con el colectivo de extranjeros está previsto impartir un módulo de formación específica, y este mismo trimestre el Instituto Adolfo Posada ofrece cursos de buenas prácticas y atención jurídica a estos menores. La planificación es, entre las recomendaciones de la Procuradora, la más difícil de aplicar. «Los flujos migratorios son imprevisibles», reconoce Fernández. «Cuando esto empezó parecía que iba a ser algo puntual. Nos confundimos», admitió, «y no pensamos que Asturias se convertiría en un lugar de referencia para ellos, porque precisamente fueron bien acogidos». Para el fiscal de menores, Jorge Fernández Capdevilla, el informe de la Procuradora es «oportuno y bastante acertado». La creación de un centro de régimen especial para menores con problemas de conducta es para él una prioridad, pero, sobre todo, hace falta, subraya, «el proyecto educativo específico para los menores extranjeros del que habla la Procuradora». La carencia de recursos, expuso el fiscal, ha obligado a mantener a los menores demasiado tiempo en la unidad de primera acogida. «Es una petición reiterada de la fiscalía la reducción de la estancia en la unidad, que no puede superar los 45 días», señaló Fernández Capdevilla. «Deben evitarse todo tipo de guetos y procurar a estos menores una vida normalizada», añadió. «Hay que ser realistas y saber que siempre va a haber problemas», añadió. «Se han tomado medidas excesivamente idealistas, pensando que una vez que los chavales estaban en el sistema de protección todo estaba arreglado. A pesar de todo, yo soy optimista: con recursos y voluntad política se solucionará», manifestó.