ENTREVISTA A FÉLIX PANTOJA, FISCAL DEL TRIBUNAL SUPREMO Y EX FISCAL DE MENORES

Jurista de largo recorrido, Felix Pantoja participó en la redacción de la Ley 5/2000 de Responsabilidad del Menor y fue fiscal de menores de la CAM.
Sostiene que “hay un déficit en la protección de los adolescentes y preadolescentes”.

PABLO ELORDUY // REDACCIÓN
Foto: Félix Pantoja. PDiagonal.net

DIAGONAL: Ha declarado que la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, al permitir la colaboración de organizaciones, buscaba favorecer a los grupos que trabajaban históricamente con menores, sin embargo ¿no da la sensación de que se ha pervertido esa pretensión?

FÉLIX PANTOJA: Quizá fue una ingenuidad en la redacción original de la Ley, en la que se abría a las entidades, ONG, etc., la posibilidad de concertar con la administración el llevar este tipo de centros.

Lo cierto es que la Ley de Responsabilidad Penal del Menor tiene una naturaleza originariamente sancionadora, no estrictamente penal. Es, por tanto, una ley orgánica, pero se pensó que la respuesta no debía ser la misma que la que se da a los mayores ya que la imputabilidad de los menores es distinta, como recoge el artículo 19 del Código Penal. Y, por lo tanto, la respuesta tenía que hacerse en un marco que persiguiera de una forma más efectiva la rehabilitación, o como se quiera llamar, de estos menores; se trataba de dar una oportunidad a chicos que no la han tenido.

Fruto de esto, se planteó que había que sacar ese tema de Instituciones Penitenciarias y encomendárselo a las Comunidades Autónomas, que tienen entre sus funciones la gestión de la protección de los menores. ¿Qué ha ocurrido? Que se pensó que esta gestión podía ser en colaboración con entidades que tradicionalmente trabajan con chicos; yo, personalmente, cuando trabajé en aquello tenía en la cabeza la Coordinadora de Barrios, a los que conocía. Y se pensó que esa puerta había que abrirla.

Sin embargo, ha ocurrido que han florecido asociaciones, ONG o fundaciones que prácticamente han profesionalizado la ejecución de las medidas, y las comunidades autónomas han visto una forma de descargarse de esta responsabilidad. De hecho me parece, como expuse en un informe del Consejo General del Poder Judicial, que se está produciendo de facto una privatización de la ejecución de las medidas.

Una privatización que, además, cae en el ámbito del mercado puro y duro: es decir, los trabajadores de estos centros están sometidos a las leyes del mercado, suelen ser mileuristas, con contratos temporales, etc. Todo eso puede repercutir –yo opino que seguro que repercute– en la forma en que hay que trabajar con estos chicos. Con esta seudoprivatización, el modelo no está respondiendo a los objetivos de la Ley, que era una respuesta sancionadora pero con un componente educativo. El valor del interés del menor ha ido cediendo ante el aspecto punitivo

D.: Pese a la gravedad de las denuncias del Informe del Defensor del Pueblo, las repercusiones de éstas han tenido escaso recorrido. ¿Tiene constancia de que el Gobierno central se haya planteado intervenir?

F.P.: Hay una cosa curiosa, y es que la denuncia del Defensor del Pueblo se refiere a centros de protección, no a centros de reforma. Los chicos que están allí no han cometido ningún delito, están porque se encuentran en situación de desamparo, porque sus padres o tutores no han podido o no han ejercido suficientemente sus funciones propias.

Es loable que el Defensor del Pueblo haya denunciado que pase esto y yo confío en que la Fiscalía actúe de acuerdo con estas denuncias. El ordenamiento jurídico para la protección de menores en España es bueno, de forma que los casos de desamparo quedan bajo control, pero lo que hace falta es que este ordenamiento se cumpla. También es necesario que la sociedad se implique, porque estos chicos no deberían permanecer en centros toda su vida, sino que tendrían que salir a acogimientos en familias. Pero es cierto que hay un déficit en la protección de los adolescentes y preadolescentes.

Las Comunidades Autónomas tienen que considerar esto como prioritario, y debe ser objeto de inversiones y de preparación de los educadores. No vale contratar a recién licenciados en pedagogía, hace falta trabajar con gente preparada.

D.: ¿Qué medidas serían efectivas por parte del Ministerio de Justicia para garantizar los derechos y la integración de los menores extranjeros no acompañados (MENA)?

F.P.: Hay un compromiso legal para que los MENA en situación de desamparo estén bajo la tutela de las entidades públicas de protección de menores. Lo dice, con carácter general, la Convención de Derechos del Niño, la Ley de protección jurídica del menor con carácter particular, y el artículo 172 del Código Civil más concretamente.

Debe ser prioritaria la educación básica, el sistema de protección y el sistema sanitario de menores, también el sistema de salud mental tiene que atender con más cuidado los problemas de menores.

Si hablamos de menores, la Ley de Extranjería queda subordinada a la Convención de Derechos del Niño y a la Ley de Protección Jurídica del menor, de tal manera que un menor extranjero que se encuentre en España, entre por Barajas o en una patera, si se encuentra en situación de desamparo, pasa a formar parte de las competencias de las entidades públicas de protección de menores.

Y se hará el reagrupamiento familiar cuando sea adecuado al interés del menor, y cuando se tengan garantías suficientes de que su repatriación y el reagrupamiento va a ser en su interés y con su familia, no en la frontera con la policía de fronteras o a un entorno familiar que les rechaza. No hay menores inmigrantes ni extranjeros, son niños que se encuentran sometidos al ordenamiento jurídico español.

D.: ¿Los medios de comunicación están obedeciendo a los miedos de la sociedad cuando abordan los delitos cometidos por menores?

F.P.: Sí, yo creo que no sólo obedecen a eso sino que a veces alientan esas situaciones de miedo. Lo que late en el fondo es que estamos en una sociedad muy punitiva, que piensa que con el Derecho Penal se van a resolver todos los conflictos, olvidando muchas veces que lo que hay detrás es un conflicto social que hay que resolver de otra manera.

En el caso de los menores, es evidente que un mejor sistema educativo, que socialice a los chicos, hará que determinadas conductas se reduzcan. También es importante que se mejore el tratamiento que se debe dar a chicos con transtornos de personalidad, de la conducta o de salud mental, que muchas veces no se detectan y que terminan derivando a la vía penal.

La sociedad está pidiendo dureza, cuando a lo mejor no se han otorgado posibilidades de igualdad. La idea es que la educación otorgue estas posibilidades para que todos los individuos tengan las mismas oportunidades. Los medios de comunicación cumplen muchas veces el papel de altavoz de esas expresiones sin pararse a pensar y sin dar acceso a otras voces que racionalicen las situaciones sobre las que hay que actuar.

EL PAPEL DE LA FISCALÍA

Este fiscal intervino en la redacción de la Ley de Responsabilidad del Menor, si bien considera que ésta, desde que nació “ha sido sometida a cambios cada vez más punitivos”. Cree que la Convención de Derechos del Niño y la Ley Orgánica 1/1996 ofrece instrumentos poderosos al Ministerio Fiscal “para actuar en defensa de los derechos de los menores”, pero Pantoja no entra a juzgar la actuación de la Fiscalía de menores de la Comunidad de Madrid (CAM).

En 2001, desde esa Fiscalía, Pantoja ordenó cerrar el centro de Guadarrama, gestionado por la Fundación Diagrama, después de que un joven de 14 años denunciara malos tratos. Sin embargo, en el juicio posterior, la Audiencia Provincial de Madrid absolvió a la Fundación y a la propia CAM.