JON GARAY BILBAO
DV. Llegar a un país desconocido no es fácil, y menos aún si se trata de comenzar una nueva vida. A ese reto se enfrentan los 116.000 inmigrantes que residen en el País Vasco, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Las nuevas directivas de la Unión Europea contra la presencia de irregulares y los planes del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, no facilitan precisamente la llegada extranjeros. Pero ésa sólo es la primera barrera que deben superar. La segunda odisea es encontrar un techo para vivir. Que no es una tarea fácil lo demuestra el hecho de que apenas el 1,1% de los trabajadores extranjeros empadronados en Euskadi es propietario de la vivienda que habita.
La búsqueda de un piso es crucial. Los inmigrantes necesitan disponer de una dirección estable para inscribirse en el padrón municipal, para acceder a los servicios sociales, encontrar un trabajo y, más adelante, legalizar su situación. El domicilio, el empleo, la regularización y los medios de subsistencia están ligados de tal forma que sin uno de ellos no se puede conseguir el otro.
Si el precio de la vivienda, incluso en tiempos de crisis inmobiliaria, resulta inalcanzable para muchos autóctonos -la vivienda usada cuesta 346.000 euros de media-, el panorama salarial de los inmigrantes no es mejor. Con retribuciones medias, que oscilan entre los 1.500 euros al mes de la construcción, los 1.000 de la hostelería y los escasos 900 del servicio doméstico, el arrendamiento se postula como la única salida.
Sondeo en el mercado
Pero camino tampoco es fácil. El mercado de alquiler es reducido en el País Vasco, de modo que los precios son altos (807 euros mensuales de media). Además los pisos en renta no sólo suelen ser más pequeños, también son bastante más viejos. SOS Racismo denuncia también que las reticencias de los caseros a firmar contratos con extranjeros no han remitido.
La ONG lo comprobó tras realizar un sondeo en el que tres parejas mixtas -un miembro inmigrante y otro autóctono- acudieron a varias inmobiliarias y respondieron a diferentes ofertas de particulares. En el 50% de los casos les negaron incluso la información.
Así se explica que sólo el 17% de los extranjeros que busca piso acuda a las agencias inmobiliarias. El 65% se tiene que alojar en los domicilios de parientes y amigos que se habían instalado en Euskadi con anterioridad. Ese fenómeno es lo que origina la formación de guetos urbanos y la proliferación de pisos patera, cuyos ocupantes suelen vivir hacinados y en condiciones de insalubridad. Por ejemplo, el 14% de los marroquíes que residía en Ermua en 2005 vivía en casas sin váter, y el 25% no disponía de calefacción.
En realidad, pocos inmigrantes disponen nada más llegar a Euskadi de ingresos suficientes para pagar los alquileres que se piden en la comunidad autónoma. Y cuando consiguen reunir algún dinero no sólo deben presentar la fianza y el aval bancario, sino responder también a las preguntas desconfiadas del arrendador sobre su país de procedencia, que se delata por el acento o por el color de la piel.
Pero los inmigrantes a los que no les llega ni para alquilar un piso están mucho peor: tienen que conformarse con una habitación por 300 euros al mes, sin derecho a cocina ni contrato. Y en ocasiones les advierten de que no pueden empadronarse en esa dirección, lo que les excluye de las ayudas sociales, la educación y la sanidad.
Algunas ONG vascas ofrecen a los afectados alternativas para afrontar ese problema. Cáritas y CEAR son dos de ellas. La primera dispone de una treintena de 'pisos puente' en Vizcaya, en los que los recién llegados pueden permanecer durante un año. De las 74 familias que se beneficiaron de este programa en 2007, el 93% eran extranjeras. Y de ellas, el 60% se hallaba en situación irregular. En Vizcaya, la tercera parte de los usuarios que pasó por un piso 'puente' consiguió instalarse en un piso 'normal'.
En Gipuzkoa y Álava, Cáritas desarrolla otra estrategia: se ofrece para mediar con los propietarios, representando el papel de las inmobiliarias. De esta forma ha conseguido captar siete pisos de alquiler en el territorio guipuzcoano, con una renta más barata que la del mercado libre. Para acceder a ellos no es necesario presentar un aval bancario, pues la organización de la Iglesia actúa de garante en caso de impago o si producen daños. En Álava, Cáritas se presenta ante los caseros e informa a los inmigrantes sobre las condiciones del contrato y las pautas de comportamiento del vecindario.
Por su parte, CEAR trabaja con 150 inmigrantes cada año, fundamentalmente en Vizcaya. Los miembros de esta ONG también intervienen ante los propietarios de los pisos, si bien no se hacen responsables de las deudas y desperfectos que pueda ocasionar.
Otra posibilidad la ofrece, sólo para el ámbito vizcaíno, la asociación Goiztiri, que tiene dos programas en funcionamiento: Mundutik mundura y Etxeberri. El primero recibe financiación de la Diputación y está dirigido a jóvenes inmigrantes que han pasado al menos un año por un centro de menores. El objetivo es que, una vez alcanzada la mayoría de edad, no queden desamparados en la calle.
El otro programa, que originalmente estaba concebido sólo para los inmigrantes y que ahora se ha extendido a nacionales sin recursos, les consigue alquileres más modestos, aunque los inmuebles están en buenas condiciones y se limita el número de inquilinos. Como en el caso de Cáritas-Gipuzkoa, aquí también se garantizan el pago regular de la renta, el buen estado del piso y la ausencia de conflictos.
Las iniciativas parroquiales constituyen otra alternativa para los nuevos ulises de la inmigración. Algunos ejemplos se encuentran en Martutene y en la zona sur de Vitoria. En el primer caso, el inmigrante recién llegado dispone un piso de 'transición' para que puedan inscribirse en el padrón municipal. Actualmente, esa vivienda está ocupada por dos personas que no pagan más que los gastos corrientes y que permanecerán en ella mientras logran una dirección estable.
En el caso de Vitoria hay otro piso disponible que ahora está ocupado por cinco personas. Al igual que en Martutene, está pensado para facilitar el acceso del inmigrante al padrón y tiene un límite de estancia de seis meses. Cuenta con la colaboración de Cáritas y se orienta a las personas en proceso de integración.
La búsqueda de un piso es crucial. Los inmigrantes necesitan disponer de una dirección estable para inscribirse en el padrón municipal, para acceder a los servicios sociales, encontrar un trabajo y, más adelante, legalizar su situación. El domicilio, el empleo, la regularización y los medios de subsistencia están ligados de tal forma que sin uno de ellos no se puede conseguir el otro.
Si el precio de la vivienda, incluso en tiempos de crisis inmobiliaria, resulta inalcanzable para muchos autóctonos -la vivienda usada cuesta 346.000 euros de media-, el panorama salarial de los inmigrantes no es mejor. Con retribuciones medias, que oscilan entre los 1.500 euros al mes de la construcción, los 1.000 de la hostelería y los escasos 900 del servicio doméstico, el arrendamiento se postula como la única salida.
Sondeo en el mercado
Pero camino tampoco es fácil. El mercado de alquiler es reducido en el País Vasco, de modo que los precios son altos (807 euros mensuales de media). Además los pisos en renta no sólo suelen ser más pequeños, también son bastante más viejos. SOS Racismo denuncia también que las reticencias de los caseros a firmar contratos con extranjeros no han remitido.
La ONG lo comprobó tras realizar un sondeo en el que tres parejas mixtas -un miembro inmigrante y otro autóctono- acudieron a varias inmobiliarias y respondieron a diferentes ofertas de particulares. En el 50% de los casos les negaron incluso la información.
Así se explica que sólo el 17% de los extranjeros que busca piso acuda a las agencias inmobiliarias. El 65% se tiene que alojar en los domicilios de parientes y amigos que se habían instalado en Euskadi con anterioridad. Ese fenómeno es lo que origina la formación de guetos urbanos y la proliferación de pisos patera, cuyos ocupantes suelen vivir hacinados y en condiciones de insalubridad. Por ejemplo, el 14% de los marroquíes que residía en Ermua en 2005 vivía en casas sin váter, y el 25% no disponía de calefacción.
En realidad, pocos inmigrantes disponen nada más llegar a Euskadi de ingresos suficientes para pagar los alquileres que se piden en la comunidad autónoma. Y cuando consiguen reunir algún dinero no sólo deben presentar la fianza y el aval bancario, sino responder también a las preguntas desconfiadas del arrendador sobre su país de procedencia, que se delata por el acento o por el color de la piel.
Pero los inmigrantes a los que no les llega ni para alquilar un piso están mucho peor: tienen que conformarse con una habitación por 300 euros al mes, sin derecho a cocina ni contrato. Y en ocasiones les advierten de que no pueden empadronarse en esa dirección, lo que les excluye de las ayudas sociales, la educación y la sanidad.
Algunas ONG vascas ofrecen a los afectados alternativas para afrontar ese problema. Cáritas y CEAR son dos de ellas. La primera dispone de una treintena de 'pisos puente' en Vizcaya, en los que los recién llegados pueden permanecer durante un año. De las 74 familias que se beneficiaron de este programa en 2007, el 93% eran extranjeras. Y de ellas, el 60% se hallaba en situación irregular. En Vizcaya, la tercera parte de los usuarios que pasó por un piso 'puente' consiguió instalarse en un piso 'normal'.
En Gipuzkoa y Álava, Cáritas desarrolla otra estrategia: se ofrece para mediar con los propietarios, representando el papel de las inmobiliarias. De esta forma ha conseguido captar siete pisos de alquiler en el territorio guipuzcoano, con una renta más barata que la del mercado libre. Para acceder a ellos no es necesario presentar un aval bancario, pues la organización de la Iglesia actúa de garante en caso de impago o si producen daños. En Álava, Cáritas se presenta ante los caseros e informa a los inmigrantes sobre las condiciones del contrato y las pautas de comportamiento del vecindario.
Por su parte, CEAR trabaja con 150 inmigrantes cada año, fundamentalmente en Vizcaya. Los miembros de esta ONG también intervienen ante los propietarios de los pisos, si bien no se hacen responsables de las deudas y desperfectos que pueda ocasionar.
Otra posibilidad la ofrece, sólo para el ámbito vizcaíno, la asociación Goiztiri, que tiene dos programas en funcionamiento: Mundutik mundura y Etxeberri. El primero recibe financiación de la Diputación y está dirigido a jóvenes inmigrantes que han pasado al menos un año por un centro de menores. El objetivo es que, una vez alcanzada la mayoría de edad, no queden desamparados en la calle.
El otro programa, que originalmente estaba concebido sólo para los inmigrantes y que ahora se ha extendido a nacionales sin recursos, les consigue alquileres más modestos, aunque los inmuebles están en buenas condiciones y se limita el número de inquilinos. Como en el caso de Cáritas-Gipuzkoa, aquí también se garantizan el pago regular de la renta, el buen estado del piso y la ausencia de conflictos.
Las iniciativas parroquiales constituyen otra alternativa para los nuevos ulises de la inmigración. Algunos ejemplos se encuentran en Martutene y en la zona sur de Vitoria. En el primer caso, el inmigrante recién llegado dispone un piso de 'transición' para que puedan inscribirse en el padrón municipal. Actualmente, esa vivienda está ocupada por dos personas que no pagan más que los gastos corrientes y que permanecerán en ella mientras logran una dirección estable.
En el caso de Vitoria hay otro piso disponible que ahora está ocupado por cinco personas. Al igual que en Martutene, está pensado para facilitar el acceso del inmigrante al padrón y tiene un límite de estancia de seis meses. Cuenta con la colaboración de Cáritas y se orienta a las personas en proceso de integración.
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