Hoy, la situación ha mejorado sustancialmente: tan sólo quedan 11 viviendas con este problema. Protestas vecinales como las producidas a principios de año pueden haber contribuido. Pero, sin duda, la situación no se habría revertido de no ser por la actuación de la Unidad de Convivencia de la Guàrdia Urbana de Badalona; un grupo de dos agentes que ha basado su labor en constantes inspecciones y un diálogo fluido con los inmigrantes.
Esta unidad -pionera y única en España- fue creada a instancias del Ayuntamiento de la localidad en septiembre de 2005. Desde entonces, cada día sin excepción, recorre las calles de los barrios más deprimidos de Badalona a la búsqueda de viviendas ocupadas por un número excesivo de personas.
Los agentes, en dos años de trabajo, se han topado con escenas dantescas
En sus casi dos años de trabajo, los agentes se han topado con estampas dantescas. "Hemos llegado a encontrar 37 personas viviendo en un piso de 65 metros cuadrados o 34 en un sótano", manifiestan. Y han visto como la situación alcanzaba cotas inimaginables. "En un tramo de calle de 50 metros localizamos 21 pisos que albergaban a un total de 500 personas", añaden. Ahora, en esa calle existen unos cinco pisos realmente problemáticos. En el más densamente habitado, conviven 10 personas.
En la ruta que compartimos pudimos comprobar de primera mano el giro radical de la situación. Visitamos tres de los pisos en peor estado. En cada uno de ellos viven entre 10 y 15 personas, pero al menos son habitables.
Una de las batallas ganadas por la unidad policial es la de la salubridad y las normas de convivencia. En las inspecciones no sólo se tiene en cuenta el número de ocupantes del piso, también el estado del inmueble. En las primeras actuaciones, los agentes aseguran que el hedor que desprendían las viviendas era inaguantable y que sus habitantes vivían entre chatarra. La mayor parte de los inquilinos de estos pisos son rumanos de etnia gitana que hacen de la recogida de materiales de rechazo su forma de vida.
Detrás del éxito de la Unidad de Convivencia de la Guàrdia Urbana está su manera de proceder. Los agentes entran a las casas sin orden judicial a cualquier hora del día o la noche. Ya son caras conocidas para los inquilinos y han establecido una relación de cordialidad y mutuo respeto con ellos que les ha otorgado su confianza.
Sin embargo, esta cordialidad ha influido menos en los propietarios de los pisos, en la mayoría de casos paquistaníes. Éstos alquilan las casas de escasos 50 metros cuadrados, que en ocasiones no están reflejadas en el Registro de la Propiedad, por 700 euros. Cuando, según los agentes, hace tres años lo hacían por 300. La ingente demanda ha llevado a esta subida de los precios y ha desembocado en otras artimañas. Los arrendatarios acostumbran a cobrar entre 80 y 90 euros a cada una de las personas que después entran a vivir en el piso.
En el fondo de la cuestión está la falta de regulación. No existe una ley que delimite el número de personas que pueden vivir en una casa. Aun así, la Generalitat está trabajando en un decreto de ley que formará parte de la nueva Ley de Vivienda de Cataluña, establecerá el número máximo de inquilinos y dará potestad a los ayuntamientos para sancionar administrativamente a los propietarios que no se ciñan al marco legislativo. Según la consejería de vivienda, en verano podría estar aprobada.
Hasta que la norma llegue y también después de que lo haga, la Unidad de Convivencia continuará con su labor. Sus miembros reconocen que, aunque la situación ha mejorado, es necesario permanecer vigilantes, ya que "el carácter itinerante de los rumanos de etnia gitana hace que lleguen y se vayan en oleadas". Oleadas que, sostienen, "son imposibles de predecir".[elmundo.es]
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