Inmigrantes: o cómo sobrevivir al mercado

“Madrid. Febrero de 2006. Ciudadano de Malí insultado y despedido por su jefe. (...) A su tardanza respondieron con llamadas racistas: ‘¡Eh, negro de mierda! ¡Te estoy llamando a ti! (...) ‘Si yo te mando algo, lo haces y ya está’. Pamplona. Mayo de 2006. Agresión racista en el puesto de trabajo. Barcelona. Octubre. Una mujer de Paraguay fue despedida sin previo aviso y no cobró las semanas que había trabajado...”.
El informe anual de SOS Racismo de 2007 recoge algunos de estos casos de abusos. Sin embargo, si bien los insultos o las actitudes racistas pueden ser sintomáticos como casos extremos de abuso, la discriminación cotidiana de los inmigrantes se hace más visible al echar el ojo a las estadísticas de empleo. Los inmigrantes tienen el récord de siniestralidad o vulnerabilidad en accidentes de trabajo y de temporalidad (el 95% de los contratos que firmaron el año pasado era temporal, y actualmente más del 60% de los trabajadores temporales son inmigrantes). El pasado 28 de junio la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, presentaba en público Inmigración y Mercado de trabajo.
Informe 2007. Entre sus conclusiones, el documento rompía con algunos tópicos, al demostrar que la entrada de inmigrantes no causa pérdida de oportunidades de empleo, ni hace disminuir los salarios de los trabajadores autóctonos.

Barreras legales
Aún así, el Gobierno sigue estableciendo medidas contra su llegada, y no sólo en su política migratoria. Según denuncia el informe de SOS Racismo, en febrero de 2006, “la Secretaría de Inmigración de CC OO en Cataluña denunció que el Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales ponía trabas a la contratación en origen de trabajadores inmigrantes altamente cualificados, eliminando profesiones como médicos, ingenieros informáticos o analistas de sistemas”.
Aunque más chocante ha resultado, el pasado mes de diciembre, la moratoria de dos años contra la libre circulación de trabajadores procedentes de Rumanía y Bulgaria. A pesar de que ambos países forman oficialmente parte de la Unión Europea, los 200.000 rumanos y 25.000 búlgaros contratados en territorio español deberán seguir solicitando permisos de trabajo. Una medida que incluso llegó a ser aprobada por Comisiones Obreras por suponer una “coherencia total” con el proceso de construcción europea.

Formación no reconocida
Con evidentes dificultades para conectar con algunos sindicatos preocupados sobre todo por cierta “base” tradicional, y con unas oportunidades reducidas a golpe de leyes, las dificultades se encadenan en el horizonte laboral de la comunidad inmigrante. La capacitación técnica, por ejemplo, tampoco sirve como garantía de éxito entre quienes se encuentran residiendo en el Estado español. Así, el último informe de la OCDE sobre migraciones internacionales difundido a finales de junio revelaba otro índice de desigualdad: cerca del 50% de los inmigrantes trabaja por debajo de su cualificación profesional. De este modo, la economía española goza del honor de situarse en uno de los puestos más altos de Europa en el desfase entre formación y tipo de trabajo de su población extranjera.
Para Antonio Carretero, del sindicato CGT, se dan dos motivos básicos que explican esta peor situación laboral. En primer lugar, “que ocupan un sector de actividad productiva que no quieren los españoles por sus bajos salarios”. De ahí que acudan a sectores especialmente frágiles, como la hostelería, la construcción o los servicios domésticos, donde la temporalidad se ha pasado a asumir como norma. Y en segundo lugar, apunta Carretero, “está la espada de Damocles de regularizar su situación”. Un problema de indefinición que implica mayores dificultades para plantar cara a los abusos. Pero dentro de la comunidad inmigrante otros colectivos se enfrentan a situaciones aún más difíciles.
Sin papeles o a veces sin el idioma, sobrevivir en el mercado de trabajo exige más esfuerzos. Es lo que lleva a actividades como la venta ambulante o el ‘top manta’, una práctica frecuente en las calles y en la que raras veces se suele tener en cuenta a sus protagonistas. Para mejorar su situación, en Tarrassa se reúne desde hace algunas semanas un grupo de senegaleses con el apoyo de la Oficina de Derechos Sociales del Ateneu Candela.
Acudieron a la sede cuando el Ayuntamiento de Terrassa prohibió la venta ambulante. Allí reciben asesoría legal, clases de catalán y castellano y celebran reuniones de charla o debate sobre sus problemas. No es la única iniciativa. Como explica Ernest Marco, del Ateneu, los inmigrantes “ya disponían de sus propias redes y lazos de solidaridad”.
Otras oficinas de derechos y agencias de trabajadores precarios desde los centros sociales de otros puntos del Estado contribuyen a pequeña escala a ayudarles en temas legales o problemas de movilidad. Recientemente, en Madrid, miembros del Ferrocarril Clandestino (editores de una guía para resolver dudas y problemas comunes entre inmigrantes) organizaron un taller asesorando sobre qué hacer en caso de ser detenido. Y estas iniciativas también sirven para conocer de primera mano cómo se resiste a las dificultades laborales.
Saliou, quien trabaja como ‘mantero’, explica para DIAGONAL cómo ha sido su situación desde su llegada. “Nuestro problema es que estamos atrapados en una ley que nos impide estar legales, y que nos obliga a permanecer aquí durante varios años para regularizarnos”, señala. Durante ese tiempo, “si no hay papeles, no hay trabajo”. Ante ese panorama la venta ambulante se presenta como una opción. “El trabajo va desde las diez de la mañana hasta las dos de la tarde y de las seis hasta las diez de la noche, pero depende de la cantidad de policía que haya”.
El sueldo: normalmente unos 300 euros al mes. “Claro, sabemos que es peligroso vender CD o DVD. Pero si no vendemos no comemos o tenemos que dormir en la calle”, comenta.

La opción militar: los primeros en el frente
Las recientes muertes en Líbano de seis soldados del Ejército español (tres de ellos de origen colombiano), dejaba ver el peso cada vez mayor de soldados de nacionalidad inmigrante en las Fuerzas Armadas. En el caso español, hasta hace poco su límite se fijaba en un 2%, que fue ampliado al 9% ante el escaso entusiasmo por la milicia por parte de los ciudadanos españoles. Como es sabido, es frecuente en muchos países que el alistamiento acelere los trámites para conseguir la nacionalidad del país de acogida. Y el Ejército español ha empleado también esta carta. Así, además de la publicidad engañosa que presenta a las Fuerzas Armadas como una opción laboral como cualquier otra, e incluso con cierta aura de ‘humanitarismo’, el ingreso se presenta como el gran paso a la integración. La realidad, no obstante, es algo menos amable. Según denuncia la Asamblea Antimilitarista de Madrid, los inmigrantes son usados como lo que en otra época se conocía como “carne de cañón”. Así, explican, “el colectivo de inmigrantes en las FAS españolas suponen un 5,4% del total, pero en ‘misiones de paz’ o en ‘zonas de conflicto’ (dejemos que cada cual elija el eufemismo que más le guste) como Afganistán o Líbano el porcentaje de inmigrantes sube en ocasiones hasta un 30%”. La diferencia es incluso mayor a la de EE UU (con un 9,5% de latinos en su Ejército, que luego sube al 17,5% en los conflictos).

Los más afectados por la siniestralidad
Andrea de Pablo
Más de medio millón de extranjeros trabajan actualmente en la construcción, siendo éste el sector que concentra a un mayor porcentaje de inmigrantes. Es uno de los trabajos a los que pueden acceder con mayor facilidad aunque es muy inestable, pues más del 70% de los contratos son temporales. Precisamente esa flexibilidad, traducida en temporalidad y precariedad, hace que los trabajadores de la construcción sean los que tengan un mayor número de accidentes laborales. Según datos de UGT, en 2006 casi el 14% de los trabajadores sufrieron algún tipo de accidente en el tajo, cifras que duplican las medias europeas. Y la tendencia es a empeorar, en los tres primeros meses del año los accidentes mortales aumentaron un 28% respecto al mismo período del año anterior, la mayoría de ellos en Madrid, Barcelona y Valencia. Pero esta situación se agrava aún más en el caso de los inmigrantes. Si bien representan el 20% de los trabajadores del sector, soportan casi el 40% de los accidentes, y el índice de mortalidad es muy superior al de los trabajadores nacionales. En Madrid, uno de cada tres fallecidos es inmigrante. Esta elevada siniestralidad se debe, entre otras cosas, a la precariedad de los puestos de trabajo, que empeora a medida que se desciende por la cadena de la subcontratación. Los turnos excesivos y el incumplimiento de la ley de prevención se normalizan en este tipo de empresas, que son las que dan trabajo a la mayoría de los inmigrantes. En muchas ocasiones, ocupan puestos de alto riesgo pese a tener escasa o nula formación en prevención y seguridad.
Discriminación en hostelería y servicio doméstico
A.D.P. El sector servicios también es una de las principales áreas de actividad entre los inmigrantes. Aproximadamente un millón de extranjeros trabajan en la hostelería y el servicio doméstico, y actualmente ya suponen el 15% del total de los trabajadores del sector, porcentaje que se elevaría notablemente si se contabilizara a todos aquellos que lo hacen de forma irregular. En hostelería, uno de cada cuatro nuevos empleos será cubierto por un inmigrante, pero según un estudio realizado por CC OO, éstos se encuentran seriamente discriminados, y existen profundas diferencias en las condiciones laborales, ya que un inmigrante puede llegar a cobrar un tercio menos de lo que percibe un español por el mismo trabajo. De la misma manera la temporalidad, que ya afecta al 30% del sector, se eleva hasta el 80% entre los inmigrantes. Pero el caso más paradigmático es el del servicio doméstico, donde seis de cada diez trabajadores son inmigrantes, mujeres en su gran mayoría. Se trata de un sector muy precarizado, con altos porcentajes de economía sumergida, en general sin contratos, y sin horarios concretos, con jornadas que en muchas ocasiones superan las 40 horas semanales. El Instituto Nacional de Estadísticas estima que de las 770.000 inmigrantes que trabajan en el servicio doméstico, más de la mitad lo hace en negro. Además, se trata del único sector donde los salarios individuales han descendido, y la legislación, anticuada y compleja, pone muchos obstáculos para que estas trabajadoras defiendan sus derechos.
Por: rebelion.org