ELPAÍS.com - Madrid
La decisión del Ayuntamiento de Vic -CiU, PSC y ERC- de no empadronar a ningún inmigrante que se encuentre en situación irregular si no demuestra que ha cursado la solicitud o prórroga del permiso de residencia vulnera la Ley de Bases de Régimen Local de 1995. Según esta ley, "toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente", con independencia de su nacionalidad y su situación administrativa.
Entre los datos que se exigen a los que se empadronen figura la tarjeta de residencia en vigor o, en su defecto, el documento de identidad o pasaporte expedido por el país de procedencia. Es decir, no es imprescindible estar regularizado en España, pero la falta de empadronamiento sí impide a estas personas acceder a derechos universales como la salud, la educación y los servicios sociales.
La medida adoptada por el equipo de Gobierno de Vic vulnera asimismo la Ley de Extranjería, que establece la posibilidad de conseguir el permiso de residencia por arraigo, y los acuerdos tomados por la Federación y la Asociación de Municipios de Cataluña. En última instancia, la modificación local de los requisitos de empadronamiento en Vic ataca la razón básica de la idea de padrón: trazar políticas a partir de las necesidades de los habitantes de un municipio. Ante la imposibilidad de empadronarse en Vic, los inmigrantes sin papeles tratarán de hacerlo en los municipios vecinos que no sean tan estrictos, de manera que no verá cumplida la función principal del padrón.
Asociaciones de inmigrantes, sindicatos y oposición acusan al tripartito municipal de Vic de electoralista y de querer desactivar a la xenófoba Plataforma per Catalunya, que en las pasadas elecciones municipales fue la segunda fuerza política en la localidad barcelonesa con un programa que propugnaba drásticas medidas contra la inmigración. El colegio de abogados de Barcelona, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, y la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, entre otros, han calificado la medida como "fuera de la ley".
En su defensa, el portavoz socialista del tripartito de Vic, Josep Burgaya, argumentó que "es una obligación de la Administración ofrecer seguridad y las situaciones irregulares pueden favorecer actividades delictivas". De la misma opinión es el concejal de Acción Social de Vic, Joan López (ERC), que aseguró que hay que ayudar a "digerir" la entrada masiva de inmigrantes.
Las puertas de Europa
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