La incapacidad de la política española para asumir los grandes problemas en un debate racional y positivo se manifiesta en toda su plenitud con la inmigración.
Éste es un problema creciente que no puede solventarse solo a base de que el gobierno periódicamente salga con sus “buenas noticias”, y nos cante algunas de las excelencias -además ciertas- que significa este gran fenómeno inmigratorio que estamos viviendo.
Porque al actuar así y no observar los problemas aparejados, ofende a mucha gente que vive directamente, no las ventajas, sino solo los inconvenientes, que generan los recién llegados.
A pesar de esta realidad y de que nos encontramos ante un hecho insólito en nuestra historia no se puede hablar de que exista una política inmigratoria definida, ni por el gobierno, ni por la oposición, que tiende más bien a reducir el fenómeno a un ponerle puertas al campo.
Una buena política inmigratoria ha de ser integral y positiva, pero para desarrollarla es necesario contestar con sinceridad una pregunta básica: ¿Qué queremos de ella? ¿Cuales son los objetivos que perseguimos que logre? Y, a cambio, ¿qué estamos dispuestos a aportar?
La inmigración tiene un papel a corto plazo y otro a largo. Y este último es distinto en función de si los recién llegados se quedan para siempre o vuelven a sus países de origen.
Si se quedan en un número tan crecido como los que han venido en poco tiempo, alcanzarán la edad de jubilación y la mayor demanda en sanidad y dependencia en pleno periodo crítico del sistema del bienestar español, en su peor momento. De hecho, el flujo inmigratorio bajo este punto de vista debería haber sido mucho menor ahora y crecer, sobre todo, a partir del 2020. Si la inmigración se observa solo a través de la coyuntura del mercado de trabajo, podemos tener grandes dificultades.
Por eso, un enfoque positivo sería la política que propiciara el retorno voluntario al país de origen al cabo de un tiempo de estar entre nosotros, o bien al final de su vida laboral. De manera que el trabajador pudiera capitalizar allí su trabajo realizado aquí, generando condiciones para que el retorno a su país sea con muy buenas condiciones de vida en relación al que habría disfrutado si no hubiera marchado.
El pensamiento “buenista”, es decir el que no piensa, se olvida de nuestra propia experiencia en este terreno. La emigración española a Alemania tuvo un resultado beneficioso para aquel país, pero también para España porque la mayoría volvieron y con las rentas acumuladas, bien como trabajo, bien como pensión, dieron un empuje a muchas regiones y pueblos de España.
La inmigración es una sangría de recursos para el país que expulsa población. Si, voluntariamente, y subrayo lo de la voluntad, creando los estímulos necesarios, se puede incentivarse su vuelta, aquellos países recuperarán por una parte activos con una cierta capitalización y experiencia profesional, o bien, por otra, la renta de su pensión, que podría devengarse allí, poseer un buen poder adquisitivo y resultar menos onerosa para las arcas españolas.
Porque, detalle que a veces se olvida, la renta real de una persona está en función del poder de compra del país de que se trate. Bajo este supuesto, y que nadie se extrañe, España tiene una renta disponible neta por persona, el 2003, en términos de igual poder adquisitivo ligeramente superior al de Suecia. Cuatrocientos euros aquí como pensión serían un escándalo pero en la mayoría de países de origen es una gran retribución.
Este tipo de enfoque significaría, además, la posibilidad de concertar políticas con los países de origen, establecer programas de soporte al desarrollo a partir, no de los cooperantes de las ONG sino de los propios inmigrantes que vuelven a su país con la ventaja de que saben el terreno que pisan.
Sería el fin del paternalismo bienpensante y el principio de considerar al que viene aquí como un ser humano igual en dignidad y capacidades, que no necesita ser sobreprotegido, sino simplemente tratado con las mismas condiciones que los demás, y sobre todo con inteligencia.
Seguramente esto requeriría un ministerio o una secretaría de estado específica para la inmigración, que desarrollara además otras políticas de integración básica, funcional, y que asumiera todas las competencias en materia de ayuda al desarrollo para articular ambos aspectos.[forumLibertas.com]
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