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Cuando una mujer decide romper con el maltrato cuenta con un tejido policial, judicial y asistencial para ayudarle
TERESA DOMÍNGUEZ Denunciar o no denunciar. ¿Es esa la cuestión? En 2010, el 80% de las mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas nunca habían denunciado. Es más, el 95% de las que sí lo habían hecho, trataron de parar en algún momento el proceso y/o facilitaron el acercamiento del agresor. La respuesta es clara: el único camino hacia la vida y la dignidad es la denuncia y la confianza en el proceso, duro pero eficaz si nadie lo trunca, que se extiende a los pies de la víctima cuando decide contar qué está pasando entre las cuatro paredes de su casa.
En 2010, los juzgados españoles tramitaron 134.105 denuncias por maltrato. La mayoría, 97.918, fueron interpuestas por la propia víctima; casi siempre, en una comisaría o un cuartel, y en unas pocas ocasiones, ante un juez. El segundo capítulo en asuntos incoados judicialmente lo forman causas abiertas a partir de un atestado policial derivado de una intervención directa. Supusieron el 13,52% del total de denuncias judiciales contabilizadas en 2010. Casi siempre obedecen o al aviso de un vecino o al de un testigo ocasional –incluidos los propios agentes–. La alerta social parece funcionar.
Sin embargo, el gran fracaso en la lucha contra el maltrato lo siguen protagonizando dos de los grupos más próximos a la víctima: su familia –sólo el 1,63%, esto es, 1.697 de las 134.105 denuncias llegaron de la mano de un pariente– y los servicios de atención sociosanitaria –el médico de primaria, asistentes sociales, etc...–, con el 0,63% de las denuncias.
La mujer maltratada en riesgo físico alto o extremo en rara ocasión acude a la policía o al juzgado en busca de ayuda. Una agente femenina que tramita las denuncias de ese tipo en una comisaría lo explica con claridad: «La mujer que lleva años sufriendo ataques y palizas no viene aquí porque está muerta de miedo. No sabe romper ese círculo». A la pregunta de si sería capaz de hacerlo arropada por alguien de su entorno, no duda: «Sí, seguro».
La clave está en la familia
De ahí la importancia de que el círculo más próximo a la víctima sea quien deba dar la alerta a la mínima sospecha. Uno de los rasgos que caracterizan al maltratador es su capacidad para aislar a la víctima del mundo exterior y de hacerle sentir culpable de la situación, lo que cierra aún más las posibilidades de que ella confiese su situación. Aún así, a la más mínima señal, los más allegados deben hacer sonar la alarma. «Es preferible que se equivoquen a que no hagan nada y la mujer acabe en un hospital o un cementerio».
Entonces, si la ley integral no ha conseguido ganarse la confianza de la mujer largamente maltratada, la que se realmente se quiere hacer aflorar para llegar a esa cifra hoy por hoy utópica de muertes 0, ¿quién acude a denunciar?
«Un porcentaje altísimo de mujeres que acude a denunciar un caso de maltrato, tanto psicológico como físico, a una comisaría, un cuartel o un juzgado tiene algún interés añadido», explica la misma agente. Entonces, ¿son denuncias falsas?. «No», se apresura a aclarar, «en todas hay un fondo de verdad; es muy raro el caso en el que una mujer se inventa por completo el hecho. En toda situación de convivencia, en cualquiera, hay algún tipo de maltrato, alguna vejación, alguna humillación que se enmarca dentro del tipo penal. Por eso no se puede decir que sean denuncias falsas. Otra cosa es cuál es el motivo que les lleva a denunciar, es decir, que se animen a hacerlo guiadas por alguno de los beneficios que se derivan de la ley».
Denunciar en Málaga
En 2010 en Málaga se presentaron 5.890 denuncias, de las que un 19 por ciento (1.135) renunciaron al proceso judicial, incrementando el porcentaje del año anterior, que había sido del 17 por ciento (940) para un total de ?.??? denuncias. Y es que la provincia es la segunda de Andalucía en número de denuncias, después de Sevilla, y la tercera –tras Sevilla y Cádiz– en órdenes de protección incoadas, con un total de 58 el pasado año.
La Comisaría Provincial de Málaga es el lugar en el que se localizan las oficinas de la Unidad de Prevención, Asistencia y Protección (UPAP). Esta unidad está compuesta actualmente por ocho agentes especializados en la protección de la mujer víctima de violencia de género. Allí es donde se gestionan y se aplican los cuatro niveles de seguridad que establece el protocolo de valoración del riesgo de cada víctima. Hasta hace tres meses, el Sistema de Seguimiento Integral de Violencia de Género contabilizaba en la provincia a 1.821 mujeres con algún tipo de riesgo (bajo, medio, alto o extremo). Una de ellas está catalogada como de riesgo extremo, ocho son de riesgo alto, mientras que el resto se reparten el medio y el bajo. Según las mismas fuentes, 1.054 mujeres con algún tipo de riesgo se localizan en la capital, cifra que supone casi el ??? del total de la provincia. Aunque los niveles de seguimiento son diferentes en cada caso, el volumen de trabajo parece abrumador, pues recordamos que son ocho los agentes.
En todo caso, todos los agentes -policiales, judiciales, sociales,..- que se ponen en marcha cuando una mujer decide denunciar son tajantes. Es un paso valiente e imprescindible para revertir una lacra que debe tener su primer factor corrector en la educación de los niños en valores de igualdad. Y lo de menos es cuántas mujeres se cuelan por los resquicios legales para obtener un beneficio personal: evitar una sola muerte lo habrá compensado. Eso sí, quizás ha llegado el momento de que los agentes judiciales emprendan acciones contra quienes abusan del sistema socavando las posibilidades económicas y sociales de esa legión silenciosa de mujeres que sí duerme con su enemigo.
Bajo el manto vigilante del protector
Sonia, una peluquera , es un caso excepcional, en todos los sentidos. Nunca había sufrido ni un solo episodio de maltrato. La primera señal pudo ser la última. Pero tuvo una suerte infinita. En la mañana del 24 de junio de 2008, un sicario pagado por su exmarido le disparó un tiro en la cabeza después de tenerla de rodillas y con el cañón aplastado contra su frente durante diez minutos. La bala se encasquilló y el asesino frustrado huyó. Fue detenido tres días después. Sonia empezó a ser vigilada por la policía, pero aún no había entrado en el protocolo habitual de protección de violencia sobre la mujer porque las pruebas que permitirían la detención de su marido aún tardarían cinco meses en llegar.
Desde que los investigadores detuvieron a Pablo V. Ll., hoy en prisión cumpliendo una condena firme de cinco años por esos hechos, Sonia pasó a estar día y noche bajo el manto protector de la UPAP, una unidad de la policía nacional integrada mayoritariamente por agentes en segunda actividad que velan por la seguridad de todas las mujeres sujetas a una orden de protección.
La mayoría de las protegidas son controladas por teléfono. Son casos de bajo riesgo. Los agentes de la UPAP no dan abasto: cada policía es responsable de más mujeres de las que pueden. Lo idóneo son menos de diez, la realidad es cerca de un centenar. En Málaga son hay ocho agentes de la UPAP.
Con Sonia es diferente. Tiene asignados, como otras mujeres en situación de riesgo alto o extremo, dos policías. La custodian constantemente. En la rutina diaria, se instalan a sus espaldas y cubren todos sus movimientos. El resto del tiempo, la llaman por teléfono. Si los reclama, aparecen como por arte de magia. Si hay un viaje anunciado, el protocolo de seguridad se aplica al itinerario y a la estancia. No la dejan ni a sol, ni a sombra. Las medidas siguen siendo igual de rígidas. A pesar de la condena. O precisamente por eso. Porque no ha dejado de seguir recibiendo amenazas. «Sólo tengo palabras de agradecimiento, de verdad. Son maravillosos, pero también los de los coches patrulla o los policías locales. Que nadie tenga miedo a denunciar».
Celos, saña, abuso... Todo habla
En el momento en que una mujer denuncia un caso de maltrato, se le facilita un cuestionario con 16 preguntas para valorar cuánto riesgo físico y de reincidencia existe. Desde la violencia física, con o sin lesiones, hasta el empleo de armas, pasando por las amenazas o planes dirigidos contra la víctima, la repetición de los episodios, los daños causados a los muebles, el coche o cualquier otra propiedad, la violencia psíquica o las agresiones de índole sexual. Se le pregunta, además, si el denunciado ha incumplido con anterioridad cualquier medida cautelar, si ha quebrantado condenas o medidas penales de seguridad, se contempla si el agresor tiene antecedentes y de qué tipo, si se muestra especialmente celoso, si tiene problemas laborales o financieros, si hay problemas de pareja, si ha mostrado tendencias suicidas, si abusa de cualquier tipo de tóxico o si, incluso, se ha mostrado violento o desafiante con la policía. Y la intensidad de cada apartado se mide individualmente con los siguientes criterios: no sabe, no se da, bajo, medio, alto y extremo. Además, se refleja cuál es la fuente: la víctima, el autor, un testigo o un informe técnico. Si la denunciante contesta con veracidad, el informe final reflejará con absoluta fidelidad cuál es la situación y qué medidas tomar.
Cuando una mujer decide romper con el maltrato cuenta con un tejido policial, judicial y asistencial para ayudarle
TERESA DOMÍNGUEZ Denunciar o no denunciar. ¿Es esa la cuestión? En 2010, el 80% de las mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas nunca habían denunciado. Es más, el 95% de las que sí lo habían hecho, trataron de parar en algún momento el proceso y/o facilitaron el acercamiento del agresor. La respuesta es clara: el único camino hacia la vida y la dignidad es la denuncia y la confianza en el proceso, duro pero eficaz si nadie lo trunca, que se extiende a los pies de la víctima cuando decide contar qué está pasando entre las cuatro paredes de su casa.
En 2010, los juzgados españoles tramitaron 134.105 denuncias por maltrato. La mayoría, 97.918, fueron interpuestas por la propia víctima; casi siempre, en una comisaría o un cuartel, y en unas pocas ocasiones, ante un juez. El segundo capítulo en asuntos incoados judicialmente lo forman causas abiertas a partir de un atestado policial derivado de una intervención directa. Supusieron el 13,52% del total de denuncias judiciales contabilizadas en 2010. Casi siempre obedecen o al aviso de un vecino o al de un testigo ocasional –incluidos los propios agentes–. La alerta social parece funcionar.
Sin embargo, el gran fracaso en la lucha contra el maltrato lo siguen protagonizando dos de los grupos más próximos a la víctima: su familia –sólo el 1,63%, esto es, 1.697 de las 134.105 denuncias llegaron de la mano de un pariente– y los servicios de atención sociosanitaria –el médico de primaria, asistentes sociales, etc...–, con el 0,63% de las denuncias.
La mujer maltratada en riesgo físico alto o extremo en rara ocasión acude a la policía o al juzgado en busca de ayuda. Una agente femenina que tramita las denuncias de ese tipo en una comisaría lo explica con claridad: «La mujer que lleva años sufriendo ataques y palizas no viene aquí porque está muerta de miedo. No sabe romper ese círculo». A la pregunta de si sería capaz de hacerlo arropada por alguien de su entorno, no duda: «Sí, seguro».
La clave está en la familia
De ahí la importancia de que el círculo más próximo a la víctima sea quien deba dar la alerta a la mínima sospecha. Uno de los rasgos que caracterizan al maltratador es su capacidad para aislar a la víctima del mundo exterior y de hacerle sentir culpable de la situación, lo que cierra aún más las posibilidades de que ella confiese su situación. Aún así, a la más mínima señal, los más allegados deben hacer sonar la alarma. «Es preferible que se equivoquen a que no hagan nada y la mujer acabe en un hospital o un cementerio».
Entonces, si la ley integral no ha conseguido ganarse la confianza de la mujer largamente maltratada, la que se realmente se quiere hacer aflorar para llegar a esa cifra hoy por hoy utópica de muertes 0, ¿quién acude a denunciar?
«Un porcentaje altísimo de mujeres que acude a denunciar un caso de maltrato, tanto psicológico como físico, a una comisaría, un cuartel o un juzgado tiene algún interés añadido», explica la misma agente. Entonces, ¿son denuncias falsas?. «No», se apresura a aclarar, «en todas hay un fondo de verdad; es muy raro el caso en el que una mujer se inventa por completo el hecho. En toda situación de convivencia, en cualquiera, hay algún tipo de maltrato, alguna vejación, alguna humillación que se enmarca dentro del tipo penal. Por eso no se puede decir que sean denuncias falsas. Otra cosa es cuál es el motivo que les lleva a denunciar, es decir, que se animen a hacerlo guiadas por alguno de los beneficios que se derivan de la ley».
Denunciar en Málaga
En 2010 en Málaga se presentaron 5.890 denuncias, de las que un 19 por ciento (1.135) renunciaron al proceso judicial, incrementando el porcentaje del año anterior, que había sido del 17 por ciento (940) para un total de ?.??? denuncias. Y es que la provincia es la segunda de Andalucía en número de denuncias, después de Sevilla, y la tercera –tras Sevilla y Cádiz– en órdenes de protección incoadas, con un total de 58 el pasado año.
La Comisaría Provincial de Málaga es el lugar en el que se localizan las oficinas de la Unidad de Prevención, Asistencia y Protección (UPAP). Esta unidad está compuesta actualmente por ocho agentes especializados en la protección de la mujer víctima de violencia de género. Allí es donde se gestionan y se aplican los cuatro niveles de seguridad que establece el protocolo de valoración del riesgo de cada víctima. Hasta hace tres meses, el Sistema de Seguimiento Integral de Violencia de Género contabilizaba en la provincia a 1.821 mujeres con algún tipo de riesgo (bajo, medio, alto o extremo). Una de ellas está catalogada como de riesgo extremo, ocho son de riesgo alto, mientras que el resto se reparten el medio y el bajo. Según las mismas fuentes, 1.054 mujeres con algún tipo de riesgo se localizan en la capital, cifra que supone casi el ??? del total de la provincia. Aunque los niveles de seguimiento son diferentes en cada caso, el volumen de trabajo parece abrumador, pues recordamos que son ocho los agentes.
En todo caso, todos los agentes -policiales, judiciales, sociales,..- que se ponen en marcha cuando una mujer decide denunciar son tajantes. Es un paso valiente e imprescindible para revertir una lacra que debe tener su primer factor corrector en la educación de los niños en valores de igualdad. Y lo de menos es cuántas mujeres se cuelan por los resquicios legales para obtener un beneficio personal: evitar una sola muerte lo habrá compensado. Eso sí, quizás ha llegado el momento de que los agentes judiciales emprendan acciones contra quienes abusan del sistema socavando las posibilidades económicas y sociales de esa legión silenciosa de mujeres que sí duerme con su enemigo.
Bajo el manto vigilante del protector
Sonia, una peluquera , es un caso excepcional, en todos los sentidos. Nunca había sufrido ni un solo episodio de maltrato. La primera señal pudo ser la última. Pero tuvo una suerte infinita. En la mañana del 24 de junio de 2008, un sicario pagado por su exmarido le disparó un tiro en la cabeza después de tenerla de rodillas y con el cañón aplastado contra su frente durante diez minutos. La bala se encasquilló y el asesino frustrado huyó. Fue detenido tres días después. Sonia empezó a ser vigilada por la policía, pero aún no había entrado en el protocolo habitual de protección de violencia sobre la mujer porque las pruebas que permitirían la detención de su marido aún tardarían cinco meses en llegar.
Desde que los investigadores detuvieron a Pablo V. Ll., hoy en prisión cumpliendo una condena firme de cinco años por esos hechos, Sonia pasó a estar día y noche bajo el manto protector de la UPAP, una unidad de la policía nacional integrada mayoritariamente por agentes en segunda actividad que velan por la seguridad de todas las mujeres sujetas a una orden de protección.
La mayoría de las protegidas son controladas por teléfono. Son casos de bajo riesgo. Los agentes de la UPAP no dan abasto: cada policía es responsable de más mujeres de las que pueden. Lo idóneo son menos de diez, la realidad es cerca de un centenar. En Málaga son hay ocho agentes de la UPAP.
Con Sonia es diferente. Tiene asignados, como otras mujeres en situación de riesgo alto o extremo, dos policías. La custodian constantemente. En la rutina diaria, se instalan a sus espaldas y cubren todos sus movimientos. El resto del tiempo, la llaman por teléfono. Si los reclama, aparecen como por arte de magia. Si hay un viaje anunciado, el protocolo de seguridad se aplica al itinerario y a la estancia. No la dejan ni a sol, ni a sombra. Las medidas siguen siendo igual de rígidas. A pesar de la condena. O precisamente por eso. Porque no ha dejado de seguir recibiendo amenazas. «Sólo tengo palabras de agradecimiento, de verdad. Son maravillosos, pero también los de los coches patrulla o los policías locales. Que nadie tenga miedo a denunciar».
Celos, saña, abuso... Todo habla
En el momento en que una mujer denuncia un caso de maltrato, se le facilita un cuestionario con 16 preguntas para valorar cuánto riesgo físico y de reincidencia existe. Desde la violencia física, con o sin lesiones, hasta el empleo de armas, pasando por las amenazas o planes dirigidos contra la víctima, la repetición de los episodios, los daños causados a los muebles, el coche o cualquier otra propiedad, la violencia psíquica o las agresiones de índole sexual. Se le pregunta, además, si el denunciado ha incumplido con anterioridad cualquier medida cautelar, si ha quebrantado condenas o medidas penales de seguridad, se contempla si el agresor tiene antecedentes y de qué tipo, si se muestra especialmente celoso, si tiene problemas laborales o financieros, si hay problemas de pareja, si ha mostrado tendencias suicidas, si abusa de cualquier tipo de tóxico o si, incluso, se ha mostrado violento o desafiante con la policía. Y la intensidad de cada apartado se mide individualmente con los siguientes criterios: no sabe, no se da, bajo, medio, alto y extremo. Además, se refleja cuál es la fuente: la víctima, el autor, un testigo o un informe técnico. Si la denunciante contesta con veracidad, el informe final reflejará con absoluta fidelidad cuál es la situación y qué medidas tomar.
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