2008/08/30

El Estado sigue sin solucionar el problema de los menores inmigrantes

El día Canarias. JOSÉ LUIS MOLOWNY BARBUZANO
UNA RECIENTE noticia de agencias daba cuenta de que la Secretaría de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, había informado a la consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, de que el Estado ayudará al Ejecutivo regional, mediante 4 millones adicionales, a sufragar los gastos relativos a la llegada de inmigrantes menores a las Islas, ampliando de esta manera los 9 millones de euros que el Gobierno estatal traspasa cada año a Canarias a través del Fondo para la acogida y la integración de inmigrantes. De estos 4 millones, ya se ha anticipado 1 millón, como medida inmediata, a raíz de la visita al Archipiélago durante el pasado mes de junio, del ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, quien, por cierto, no se dignó a visitar ninguno de los centros de menores inmigrantes existentes en Canarias, no sabemos exactamente por qué razones.
Aunque hay que resaltar el distinto criterio con el que el actual ministro de Trabajo e Inmigración parece abordar los temas de la inmigración en Canarias, y la ayuda de referencia es una prueba, con lo que demuestra una mayor sensibilidad en la materia que el anterior titular del Departamento, Jesús Caldera, quizás debido al hecho de que el Sr. Corbacho procede de una Comunidad Autónoma como la catalana, en la que el problema de la inmigración es serio, no deja de ser sorprendente, sin embargo, que siga sin querer solucionarse por parte de la Administración General del Estado el grave problema que tiene planteado el Ejecutivo autónomo con la masiva llegada de inmigrantes menores no acompañados a las Islas, o que el mismo trate de arreglarse con la concesión de unas simples ayudas económicas para sus gastos de acogida e integración, dado que tales ayudas no pasan de ser una mera limosna con la que el Gobierno central trata de eludir, tratando de tapar la boca a los canarios, el verdadera problema de fondo.
Si bien en esta materia, de conformidad con el reparto constitucional de competencias y las asumidas por las Comunidades Autónomas, entre ellas Canarias, en sus respectivos Estatudos, son dichos entes los que tienen atribuidas las competencias en materia de protección de menores, no hay que olvidar, sin embargo, que la política de extranjería y de relaciones exteriores es competencia del Estado, es decir, que aún cuando es cierto que las competencias en la materia corresponden al Gobierno autónomo, es evidente también que los menores no acompañados que llegan a las Islas en cayucos y pateras no son menores nacionales que precisan de protección y tutela sólo por parte del Ejecutivo regional sino que se trata, además, de menores extranjeros que arriban a las costas españolas (no existen costas canarias) y respecto de los que, por ello, algo tendrá que decir también, y creemos que mucho, el Gobierno central.
El problema del hambre y de las malas condiciones de vida existentes en origen y que motiva la salida de estos chicos desde el África subsahariana hacia Canarias en busca de una salida a su triste y lamentable situación, no lo ha creado desde luego Canarias, sino la política colonial de Inglaterra y Francia, principalmente, pero sí es Canarias quien tiene que atenderlo en primera instancia puesto que es a las Islas a donde llegan. El Gobierno canario ha planteado repetidamente ante el Gobierno central e incluso ante la Unión Europea la necesidad no sólo de una mayor ayuda al desarrollo de África, sino de que se colabore con el Ejecutivo de manera eficaz porque se ve absolutamente desbordado para acoger a los más de 1.200 menores hoy existentes al carecer de medios y centros suficientes para atenderlos, y tan es así que, pese a los convenios suscritos con varias ONG peninsulares que reciben a algunos de estos chicos, lo cierto es que la inmensa mayoría permanecen en Canarias sin que se hayan hecho realidad las promesas hechas un día por parte del Gobierno central de hacerse cargo de una gran parte de ellos, reconociendo su masiva presencia en Canarias.
Si el Gobierno central no resuelve o atenúa el problema acogiendo a una buena parte de los menores y distribuyéndolos, con arreglo a los criterios que estime oportunos, entre las comunidades autónomas, aún cuando el coste de su tutela y enseñanza lo abone el Gobierno canario -y además está claro que no está dispuesto a ello- y sólo se limita a apelar a la solidaridad de tales comunidades autónomas, como recientemente le dijo la ministra de Administraciones Públicas al titular del Ejecutivo autonómico, Paulino Rivero, y anteriormente ya lo expresó el Sr. Caldera, solidaridad que ya se ha demostrado que no funciona por ningún lado o funciona escasamente, al menos la Administración General del Estado, con independencia de las ayudas económicas que conceda para su atención y acogida, debería ocuparse de construir en las Islas o ayudar urgentemente a su construcción, bien en exclusiva, o bien de forma compartida con el Gobierno de Canarias e incluso con ayudas comunitarias, centros de ciertas dimensiones, aunque sean provisionales, pero idóneos para la función de protección, tutela y enseñanza de estos chicos y sin llegar a convertirse de ninguna manera en centros de internamiento o retención, en los que los mismos puedan ser atendidos adecuadamente por el Ejecutivo regional, teniendo en cuenta que los, al parecer, 29 centros dedicados a esta actividad actualmente existentes en las Islas están saturados. Así se evitaría que se llegue a la ocupación provisional durante el mes de agosto de centros de enseñanza, como el del colegio de Los Baldíos, para poder acoger a 100 menores, e incluso, como ha anunciado la propia consejera, a que se pueda tener que llegar, por falta de espacios, y para la misma finalidad, a la ocupación provisional de polideportivos e incluso iglesias u otras instalaciones.

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