El Observatorio Mediterráneo de los Derechos Humanos, impulsado por Caja Mediterráneo y el Consell para analizar procesos migratorios y luchar contra la exclusión social, ha presentado hoy en Valencia su informe sobre “Racismo, Xenofobia e Integración”.
El acto ha contado con la participación del conseller de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, quien ha resaltado que “todo atisbo de xenofobia representa un ataque a la dignidad humana y aunque haya un solo acto racista justifica la movilización de todos para acabar con ello”. Blasco ha lamentado que, por desgracia “hay muchos países del mundo donde la Declaración de Derechos Humanos aún es papel mojado”.Por su parte, Vicente Botella, director territorial de Obras Sociales de Caja Mediterráneo en Valencia, ha destacado el compromiso de esta entidad por acoger este tipo de iniciativas encaminadas a difundir los valores de los derechos humanos.El acto también ha contado con la participación de Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia y coordinador del Informe Raxen, así como de representantes de distintas asociaciones de inmigrantes y entidades religiosas de la Comunitat. En dicho Informe, el propio Ibarra reclama la creación de una Fiscalía Especial para perseguir de oficio los crímenes de odio y delitos de intolerancia, “que hoy por hoy gozan de cierta impunidad latente” y considera necesario una Ley de Igualdad de Trato contra la Discriminación y un Plan Integral que proteja los derechos de personas y colectivos afectados”.Entre los asistentes al acto, destacan la presidenta del Centro Islámico de Valencia, Amparo Sánchez; Papa Balla, senegalés; Sebastián Alós, Delegado Episcopal de Cáritas y Mansur Ata Ilahi, presidente de la Comunidad Ahmadía del Islam en Valencia.El seminario ha concluido que, tanto el racismo como la xenofobia no son un fenómeno reciente. Sin embargo, de acuerdo con las tres últimas encuestas del CIS, los valencianos no ven la inmigración como uno de sus principales problemas. De hecho, la inmigración, de ser la segunda preocupación de los valencianos –un 9,6%- por detrás del terrorismo hace un año, se ha convertido en estos momentos en la quinta –un 4,3%-, lo que demuestra la eficacia de las políticas de integración llevadas a cabo por la Generalitat. En este sentido, el conseller ha señalado que “el nivel de acogida en nuestra Comunitat es bueno y se reconocen los criterios de igualdad e integración”.Tanto el informe, elaborado por la Fundación de Derechos Humanos, como la Comisión Europea señalan que los Estados deben contar con las herramientas necesarias, como son las leyes, para evitar brotes de xenofobia y racismo. El informe señala que el fortalecimiento del Estado de Derecho y de los sistemas democráticos es necesario para ponderar y solucionar el conflicto entre los derechos fundamentales y libertades públicas.“Ningún derecho ni ninguna libertad es absoluta, el primer límite lo impone el respeto al otro, nadie puede en aras de hacer uso de un determinado derecho o libertad, vulnerar los derechos de los demás. En caso de conflicto, es donde entra el Estado de Derecho, donde a través de las herramientas de las que dispone y de sus órganos jurisdiccionales reestablece el equilibrio dañado. Un ejemplo es el caso de las manifestaciones racistas o xenófobas de personas de ideología nacionalsocialista, de las que Europa tristemente conoce numerosos casos”, dice literalmente el informe
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