La voz de Galicia.es
No es la primera vez que alguien denuncia a las autoridades vascas por poner a menores inmigrantes en autobuses y enviarlos a otra comunidad. En marzo del año pasado el Gobierno de Asturias acusó directamente a la Diputación de Vizcaya por el envío irregular de varios menores marroquíes desde Bilbao a Oviedo. También en aquella ocasión los jóvenes inmigrantes contaban a su llegada a la capital asturiana que las autoridades vascas les pagaban el billete de autobús hasta Oviedo, lo que derivó en una denuncia por incumplir la Ley de Protección del Menor.
La portavoz del Gobierno asturiano había lanzado graves acusaciones contra la Diputación vasca. «No nos parece razonable que desde el País Vasco se deriven menores a otras comunidades», acusó entonces Migoya, quien mostró su «malestar» y apostó por que «todos tengamos la misma responsabilidad y compromiso para dar soluciones desde la solidaridad».
Credibilidad
Sin embargo, las declaraciones de la responsable asturiana fueron matizadas pronto por su propio Gobierno. La directora del Instituto Asturiano de Atención Social de la Infancia, dependiente del mismo Ejecutivo, restó credibilidad a las manifestaciones de los menores que, al parecer, dieron lugar a la investigación de la Fiscalía de Menores. «No es la primera vez que ocurre algo así», añadieron en la misma línea fuentes del departamento asturiano de Bienestar Social. De hecho, relataron que también el Gobierno del Principado fue investigado por un asunto similar, como consecuencia de las declaraciones realizadas por varios menores que viajaron a Salamanca. «Nosotros les damos una paga y con ese dinero se compraron el billete, nada más», explicaban entonces las autoridades asturianas, al tiempo que recordaban que no tenían forma de «controlar lo que dicen los chavales ante la policía o el fiscal».
La portavoz del Gobierno asturiano había lanzado graves acusaciones contra la Diputación vasca. «No nos parece razonable que desde el País Vasco se deriven menores a otras comunidades», acusó entonces Migoya, quien mostró su «malestar» y apostó por que «todos tengamos la misma responsabilidad y compromiso para dar soluciones desde la solidaridad».
Credibilidad
Sin embargo, las declaraciones de la responsable asturiana fueron matizadas pronto por su propio Gobierno. La directora del Instituto Asturiano de Atención Social de la Infancia, dependiente del mismo Ejecutivo, restó credibilidad a las manifestaciones de los menores que, al parecer, dieron lugar a la investigación de la Fiscalía de Menores. «No es la primera vez que ocurre algo así», añadieron en la misma línea fuentes del departamento asturiano de Bienestar Social. De hecho, relataron que también el Gobierno del Principado fue investigado por un asunto similar, como consecuencia de las declaraciones realizadas por varios menores que viajaron a Salamanca. «Nosotros les damos una paga y con ese dinero se compraron el billete, nada más», explicaban entonces las autoridades asturianas, al tiempo que recordaban que no tenían forma de «controlar lo que dicen los chavales ante la policía o el fiscal».
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