Los inmigrantes marroquíes constituyen, tras los ingleses, la nacionalidad más numerosa de las asentadas en Andalucía, con 92.712 ciudadanos, hasta el punto de que uno de cada seis inmigrantes en la comunidad nació en el Reino Alauita. La mayoría cruzó el Estrecho legalmente, aunque un 40% llegó de forma irregular -con la imprescindible ayuda económica de sus familiares- y tras pagar una media de 5.000 euros por un contrato de trabajo que le garantizara un visado.
Una vez en la comunidad, el 68% de esos marroquíes son empleados en trabajos no cualificados, como jornaleros en la agricultura intensiva (34,6%) o de peón en la construcción (22,4%), aunque también algunos acceden a puestos en la hostelería (13,5%) y el servicio doméstico (9,8%), fundamentalmente mujeres. El 46% dice que ha trabajado sin contrato.
Estos datos sobre el perfil de la inmigración de Marruecos constituyen algunas de las conclusiones del estudio «Marroquíes en Andalucía. Dinámicas Migratorias y condiciones de vida», realizado por el Centro de Estudios Andaluces a partir de más de 1.500 encuestas en 42 municipios.
El estudio analiza la evolución de esta inmigración desde los años 80, cuando la mayoría de esta población, algo más de un millar de personas aproximadamente y fundamentalmente hombres de entre treinta y cincuenta años, estaba radicada en la Costa del Sol y se dedicaba al comercio y al sector turístico.
El número de marroquíes se iría incrementando la década de los noventa en un 40% gracias, sobre todo, a la reagrupación familiar, lo que ha producido cambios tanto en la edad y sexo de estos inmigrantes -más jóvenes y con una mayor presencia femenina-, como en su residencia -con mayores porcentajes de población también en Almería y Cádiz-, que responden a las nuevas ocupaciones no cualificadas que se hacen dominantes, como la agricultura y la construcción.
El necesario apoyo familiar
El estudio muestra también la decisiva importancia que tiene el apoyo de la familia para que estos ciudadanos puedan emigrar, al tiempo que diluye tópicos como vincular la inmigración ilegal con población sin recursos, ya que esta suele ser mucho más cara que la legal. Como ejemplos se puede señalar el coste del viaje, de unos 300 euros, o el desembolso que tienen que hacer, de unos 5.000 euros, para acceder a un contrato de trabajo que les permita un visado.
Además, el 60% de los inmigrantes fuero ayudados por familiares directos, siendo igualmente fundamental el apoyo de sus familias en los lugares de destino.
La mayoría de estos inmigrantes provienen del Norte de Marruecos. El 70% de ellos estaba en paro en su país y el estudio ha dectado, además, un importante desplazamientos de universitarios, que prefirieron emigrar a España a la búsqueda de mejores condiciones de vida, aun a costa de sacrificar su nivel de formación y ocuparse en trabajos no cualificados.
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