«Hay niños que necesitan una familia, pero hay otros que la rechazan»

«Es preciso mantener los centros de menores; en Asturias los hay muy buenos»
«Pretendemos que la vida de los chavales sea lo más normalizada posible».

 Elena FERNÁNDEZ-PELLO / lne.es 
A un año de terminar la legislatura y confiando en mantenerse en el Gobierno del Principado tras las próximas elecciones, Gloria Fernández, directora del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, a la Familia y a la Adolescencia, se propone un nuevo reto: la reforma de la ley de Protección del Menor. La de Asturias es, observa Fernández, la más antigua de toda España.

 -¿Por qué revisar la ley autonómica de Protección del Menor?
 -La ley del Principado data del año 1995, es anterior a la estatal, de 1996, y debe ajustarse a ella, y, además, hay nuevas realidades sociales que deben ser tenidas en cuenta. Necesitamos una norma dirigida a la infancia en general, con un apartado dedicado al sistema de protección. La de ahora es una ley volcada en la protección, y hace hincapié en las situaciones de desprotección y desamparo. Debemos ir hacia una ley universal para adolescentes y niños e incorporar al sistema todas las nuevas realidades sociales.

 -¿Para cuándo?
 -Está claro que en esta legislatura no se va a modificar. Debe ser una ley de consenso, muy participativa y que requerirá mucho tiempo de preparación. Ahora estamos en un momento de reflexión y revisión del sistema, que se enfrenta a nuevos retos que, en muchos casos, no sabemos si son fenómenos temporales o cuestiones a largo plazo.

 -Entonces, ¿es un compromiso para la próxima legislatura?
 -Quiero recordar que la reforma de la ley de Protección del Menor no estaba en el acuerdo de gobierno. Es una necesidad que detectamos al llegar aquí. No hay que apurarse, la ley requiere un amplio consenso social y político. Es un proyecto para la siguiente legislatura, y no para el primer año.

 -Se refiere a nuevas situaciones de desprotección?
 -Son los menores extranjeros no acompañados, la violencia intrafamiliar de menores hacia adultos, los menores con trastornos del comportamiento? Nuestra ley es una ley cómoda, porque da un margen de actuación amplio. También ha llegado el momento de revisar con los servicios sociales municipales la determinación de competencias. Ellos son la puerta de entrada en el sistema de protección, determinan el nivel de riesgo al que está sometido el menor. En estos años hemos avanzado muchísimo en ese sentido, con un manual de evaluación de riesgo que unifica los criterios para evaluarlo y actuar.

 -¿Cuáles son las debilidades del sistema de protección?
 -Atendemos dos problemas: menores afectados por toxicomanías o problemas de salud mental en sus familias, lo que da lugar a situaciones de negligencia y maltrato infantil, y adolescentes, ya sean menores extranjeros no acompañados, menores con dificultades de control implicados en situaciones de violencia intrafamiliar y menores con trastornos de comportamiento. En estos últimos casos hay familias con las que trabajar, cosa que antes no ocurría. Hay que hacer mucha política preventiva y cambios de organización, que una persona sea responsable del niño desde que entra en el sistema de protección hasta que sale, un técnico de referencia que dé seguridad a niños y a familias.

-¿Habrá cambios respecto al papel de la institucionalización de los menores desprotegidos?
-La ley actual ya utiliza la institucionalización como último recurso. Por cada 40 menores ingresados en centros hay 60 dentro del sistema de protección, que viven con familias. Nos hemos propuesto crear cultura del acogimiento familiar. Recibimos muchas llamadas solicitando información, pero eso no se plasma en más acogimientos. Queremos tener una bolsa amplia de familias, que reciban formación y luego decidir con ellos qué programa se ajusta más a sus características: acogimiento permanente, temporal, de fin de semana o profesionalizado.

-¿Imposible prescindir de los centros?
-Tienen que mantenerse. Hay niños que necesitan una familia y hay otros que la rechazan, y hay que escucharlos a todos. Los centros cumplen una función social. Asturias tiene muy buenos centros de menores, con ratios muy adecuadas y muy buena atención.

«Pretendemos que la vida de los chavales sea lo más normalizada posible»

 -¿Cuál es la media de ocupación en los centros de menores? -Pilares, en Oviedo, tiene unos treinta. Todos los que creamos son centros pequeños y los más grandes se organizan en grupos de convivencia más funcionales. Pretendemos que la vida de los chavales sea lo más normalizada posible y, de hecho, lo es. Salen los fines de semana, juegan a la Play? como en una casa.

-El maltrato de menores a sus padres. -Supone el 1% de la población de esa edad, porcentaje mínimo, pero se tiende a hablar de todos los adolescentes como de monstruos. El año pasado abrimos 525 expedientes de protección en una población de 133.190 personas menores de 17 años. Las familias se sienten solas y se olvida que la educación es una responsabilidad social, de empresarios y medios también.